La abogada de derechos humanos Ruth Eleonora López, esposada, sostiene una Biblia mientras la policía la escolta al salir de su audiencia judicial en San Salvador, El Salvador, el 4 de junio de 2025. (Foto: AP/Salvador Meléndez)
por Rhina Guidos
Con ayuda económica de parroquias y organizaciones católicas de la diócesis de Kansas City, el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) ha fomentado hermandad y solidaridad a través de programas entre los pueblos de Estados Unidos y El Salvador desde 1993. En El Salvador, CIS ha financiado becas, ofrecido clases de inglés (y de español a estadounidenses que visitan) y facilitado recursos y herramientas para ayudar a salvadoreños de escasos recursos a permanecer en el país y evitar su emigración al norte.
Pero ahora, una fundadora de CIS en San Salvador, la capital del país, teme que una nueva ley —parecida a una que en Nicaragua se ha usado para silenciar, expulsar y despojar a grupos católicos y otros de sus propiedades y voz— ponga en peligro el trabajo de oenegés que ayudan a poblaciones pobres en El Salvador.
“La situación es muy preocupante”, dijo Leslie Schuld, cofundadora de CIS en San Salvador, sobre la Ley de Agentes Extranjeros aprobada en mayo por la Asamblea Legislativa del país.
Leslie Schuld posa para una foto el 29 de julio de 2025 en el Centro de Intercambio y Solidaridad, una oenegé que cofundó en San Salvador, El Salvador. Schuld dice que le preocupa una nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador que se ha usado en países como Nicaragua para atacar a defensores de derechos humanos. (Foto: GSR/Rhina Guidos)
La nueva ley impone un alto impuesto a cada donación u otro fondo procedente del extranjero destinado a oenegés locales, las cuales podrán solicitar que se les excluya, siempre que no participen en algo que el Gobierno considere político.
“Está copiada de la de Nicaragua, tiene los mismos objetivos… de control social y control de críticas de los derechos humanos”, afirmó un analista político del país que habló con Global Sisters Report bajo condición de anonimato.
Una ley similar en Nicaragua, que impuso a partir de 2020 elevadas tasas y controles a oenegés, creó condiciones que llevaron a la expulsión de las Misioneras de la Caridad del país en 2022, según el analista. Desde entonces, innumerables comunidades religiosas han abandonado Nicaragua. En 2023, el Gobierno nicaragüense confiscó una universidad jesuita en Managua y despojó a la orden de sus propiedades en ese país. El Gobierno también confiscó otros activos y cuentas bancarias durante su represión contra grupos religiosos, según el informe sobre libertad religiosa del 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Al igual que en Nicaragua, la ley de El Salvador no distingue entre organizaciones no gubernamentales civiles y religiosas.
“Todas las oenegés [de El Salvador] están preocupadas. Quiero decir, no el cien por ciento, pero quizá el noventa y nueve coma nueve por ciento. Si no lo están, entonces no sé, están en una burbuja o algo así”, afirmó Schuld.
Aunque su organización, que recibe donaciones de parroquias de Estados Unidos y Canadá, no es política, ha denunciado la cantidad masiva de gente detenida por parte del Gobierno salvadoreño y que ha resultado en la detención de uno de sus maestros, así como de varios estudiantes y del conductor de una lancha que transportaba a la escuela a jóvenes salvadoreños becados del CIS que viven en una isla rural.
El Gobierno ha afirmado que la represión es necesaria para controlar a las pandillas que durante mucho tiempo han aterrorizado a El Salvador.
El diputado del partido Nuevas Ideas Ernesto Castro se juramentó como presidente del Congreso de El Salvador en San Salvador, El Salvador, el sábado 1 de mayo de 2021. Por primera vez en tres décadas, los partidos tradicionales conservadores y de izquierda se vieron marginados por una contundente derrota electoral, lo que allanó el camino para que el partido del presidente Nayib Bukele lo ayudara a impulsar su agenda. (Foto: AP/Salvador Meléndez)
En mayo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa del país, acusó a miembros de oenegés (sin nombrarlas) de ser delincuentes y maleantes, y dijo que aunque nadie les quitaba el derecho a criticar, deberían recaudar más dinero para poder hacerlo, concretamente 30 %, la cantidad que el Gobierno planea apropiarse de las donaciones que las oenegés reciben del extranjero. El dinero iría al Gobierno y lo utilizaría en beneficio de los salvadoreños, afirmó Castro. Aunque las oenegés no están prohibidas, se les cobrará una cantidad que les dificultará operar si dicen algo que no le guste al Gobierno.
No todas las oenegés se verían afectadas, dijo Castro, quien arremetió contra los críticos al afirmar que estaban exagerando la intención de la ley. Pero la Unión Europea, cuyos miembros son generosos donantes a diversas oenegés de El Salvador, incluso organizaciones benéficas de la Iglesia, ya criticó la medida en un comunicado emitido en junio.
Aunque lo ocurrido en Nicaragua es el ejemplo más cercano a lo que algunos temen que pueda suceder en El Salvador, organizaciones de la Iglesia católica han enfrentado obstáculos similares en otras partes del mundo. El país europeo de Georgia, por ejemplo, promulgó el año pasado una ley de agentes extranjeros, una medida que, según un profesor de derecho de ese país, estaba dirigida contra Iglesias y medios de comunicación independientes en una nación que se inclina menos a la democracia y más hacia Rusia, país que promulgó una ley similar en 2012.
Aunque grupos de la Iglesia católica en El Salvador han guardado silencio públicamente sobre abusos de los derechos humanos, se han organizado y opuesto enérgicamente a los esfuerzos del Gobierno para promover la minería metálica en el país. Las críticas se repitieron en junio, en una carta pastoral de los obispos salvadoreños, inusual por sus críticas, que apuntaba al encarcelamiento por parte del Gobierno de venezolanos deportados por Estados Unidos y trasladados a una prisión salvadoreña. Los prelados también pidieron al Gobierno que liberaran a salvadoreños injustamente encarcelados.
Leslie Schuld habla sobre las detenciones injustas de miembros del Centro de Intercambio y Solidaridad, una oenegé que cofundó en El Salvador, durante un evento comunitario el 5 de junio de 2024 en la Iglesia episcopal St. Stephen and the Incarnation, en Washington. Schuld teme que una nueva ley de agentes extranjeros en El Salvador tenga la intención de acabar con organizaciones como la suya, por haber defendido a personas encarceladas injustamente por el Gobierno. (Foto: GSR/Rhina Guidos)
Aunque el Gobierno no les dio ninguna respuesta, el analista salvadoreño dijo que expertos creen que la situación para oenegés relacionadas con la Iglesia en El Salvador “va para allá”, queriendo decir que enfrentarán consecuencias similares a las que han sufrido los católicos nicaragüenses y otras organizaciones que han criticado al Gobierno.
“Están persiguiendo a personas que trabajan por la justicia social, por los derechos humanos”, afirmó Schuld.
En los últimos meses, al menos 40 periodistas han abandonado el país por temor a ser encarcelados, según la oficina nacional de prensa de El Salvador. Cristosal, una importante organización defensora de los derechos humanos afiliada a la Iglesia episcopal, anunció el 17 de julio que abandonaba El Salvador tras acoso y amenazas continuas del Gobierno después de la detención de Ruth Eleonora López, su jefa de la unidad anticorrupción.
La agencia de noticias estadounidense The Associated Press informó el 23 de julio que el país está sufriendo el “mayor éxodo de periodistas, abogados, académicos, ambientalistas y activistas de derechos humanos en años”.
La mayoría de las personas simplemente intentaban empoderar a la gente y apoyar su desarrollo, dijo Schuld, pero también es importante denunciar falsedades que están dañando al pueblo.
“Hay miles de personas en la cárcel en este momento por mentiras que se publican sobre ellas”, afirmó. “Se les difama, se dice que son miembros de pandillas sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia”, agregó.
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Pero el Gobierno ha optado por atacar a quienes los defienden, dijo.
“Los periodistas, las organizaciones de derechos humanos y las oenegés son sus objetivos en este momento”, afirmó Schuld y añadió: “Primero [atacaron] a los partidos políticos que se oponían a ellos... Ahora, las oenegés, los periodistas y los defensores de los derechos humanos son la oposición. Nosotros no somos la oposición. No buscamos poder político”.
Y no se encuentra ayuda por ningún lado, según el analista, ya que funcionarios del Gobierno salvadoreño celebraron la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos a finales de 2024, sabiendo que no les reprochará abusos.
“La llegada de Trump les dio luz verde; fue motivo de felicidad”, dijo.
Las oenegés tienen hasta principios de septiembre para inscribirse en un nuevo registro de agentes extranjeros, y luego se les permitirá saber si están exentas del impuesto. Pero mientras tanto, grupos como el CIS se preocupan por el futuro, preguntándose si las donaciones se agotarán a causa de lo que está sucediendo o si será viable seguir operando.
Incluso si están exentas del pago del impuesto, la ley es “poco clara”, dijo Schuld, y es difícil saber si los funcionarios pueden entrar y empezar a interrogar o acosar al personal. Su plan de estudios, que se enfoca en el respeto al medio ambiente, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos, puede convertir al CIS en un objetivo, dijo.
“Es preocupante, a nivel económico. Pero también creemos que la intención es simplemente silenciar a voces críticas”, expresó.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente en inglés el 31 de julio de 2025.
