Manifestantes huyen del gas lacrimógeno durante una protesta contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en Quito, Ecuador, el domingo 12 de octubre de 2025. (Foto: AP/Dolores Ochoa)
por Rhina Guidos
La organización más numerosa de religiosas y religiosos de América Latina y el Caribe se unió a otros grupos para pedir al Gobierno de Ecuador que pare el uso excesivo de la fuerza contra los civiles que desde septiembre han salido a las calles principales del país a protestar.
"Exigimos el cese inmediato de las masacres, persecuciones y represiones. El camino no es el miedo, sino el diálogo; el futuro no se construye con balas, sino con palabras y encuentros”, afirmó la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), en un comunicado del 16 de octubre de 2025.
Al menos dos personas han muerto en protestas en septiembre y octubre, según cifras de la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, aunque algunos grupos informan de una tercera muerte por el uso de la fuerza por parte de la policía nacional durante los enfrentamientos con grupos indígenas, ambientalistas y otros sectores de la sociedad civil. La alianza dice haber recibido reportes de casi 400 denuncias de violaciones de los derechos humanos, más de 200 detenciones y 15 desapariciones en ese periodo.
"La violencia de Estado no restituye el orden social, sino que lo fractura profundamente abriendo el camino a la violación sistemática de los derechos humanos y comunitarios”, afirmó la CLAR en su comunicado.
La CLAR condenó la violencia en Ecuador y pidió al Gobierno detener el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. "El camino no es el miedo, sino el diálogo", afirmó la organización en su comunicado del 16 de octubre de 2025.
Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en Quito, Ecuador, el domingo 12 de octubre de 2025. (Foto: AP/Dolores Ochoa)
Ecuador lleva tiempo sufriendo violencia por parte de bandas criminales alimentadas por el tráfico de drogas. Daniel Noboa, presidente del país, ha recurrido desde 2024 a toques de queda y a un estado de emergencia para intentar hacer frente a la situación. Sin embargo, muchos han cuestionado los métodos, ya que la violencia de las bandas no se ha frenado, sino que se ha utilizado para justificar la consolidación del poder, mientras que la violencia policial y militar se desata contra críticos del primer mandatario.
La violencia más reciente comenzó cuando el Gobierno eliminó un subsidio que provocó un aumento del precio del diésel de $1.80 a $2.80 por galón (de unos $0.48 a $0.74 por litro) a mediados de septiembre. Grupos indígenas convocaron un paro nacional para protestar por la eliminación del subsidio, argumentando que aumentaría excesivamente el costo de vida de sus familias. Noboa afirmó que bandas criminales estaban detrás de las protestas y envió una fuerte presencia policial y militar a las zonas indígenas, donde estalló la violencia contra los manifestantes.
La CLAR expresó su apoyo a los grupos de sociedad civil, al afirmar que la protesta social no violenta es un derecho legítimo en todas las democracias y un derecho de los pueblos que buscan que se escuche su clamor. Otros grupos de la Iglesia católica, entre ellos el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), se unieron en su defensa.
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"Con profunda preocupación y dolor hemos recibido las noticias y los testimonios sobre la grave represión que, en el marco del Paro Nacional indígena, advierten de detenciones masivas, heridos, cuentas bancarias bloqueadas de dirigentes y organizaciones", afirmó el Celam en un comunicado, en el que también se lee: "Creemos firmemente que los pueblos indígenas tienen el derecho democrático de manifestarse, de ser reconocidos en su dignidad y de ser protegidos en su vida, su integridad y sus territorios".
En la red social X, Noboa defendió las acciones de su Gobierno el 20 de octubre y afirmó que continuaría la lucha contra el tráfico de drogas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció las muertes de civiles el 17 de octubre y declaró en X que le preocupan los informes sobre el uso excesivo de la fuerza, instando a Ecuador a "investigar, juzgar y sancionar estos hechos".
