(Imagen: composición gráfica de GSR, con fotos de Unsplash /Kelly Sikkema, Ottr Dan)
Informar sobre la minería ilegal en el cinturón del carbón de Sudáfrica no solo es difícil, sino que también puede ser peligroso. Desde el momento en que comencé a trabajar con las hermanas católicas y los trabajadores de la Iglesia en Emalahleni, quedó claro que la visibilidad en sí misma conllevaba un riesgo.
En una de mis primeras visitas a una zona minera, viajé con hermanas y sacerdotes católicos para reunirme con miembros de la comunidad cerca de asentamientos informales conectados con pozos mineros abandonados. La policía detuvo nuestro vehículo, nos interrogó de forma agresiva y nos advirtió de que podían detenernos. No se presentaron cargos, pero el mensaje era inequívoco: nuestra presencia no era bienvenida.
Los trabajadores de la Iglesia explicaron más tarde que este tipo de encuentros son habituales. En las comunidades mineras, la autoridad está fragmentada. La policía lleva a cabo redadas centradas en los mineros ilegales, pero los supervivientes de abusos suelen decir que no están protegidos y, a veces, temen a la policía tanto como a los grupos criminales. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales que controlan el acceso a los pozos abandonados vigilan de cerca quién entra y quién hace preguntas.
Para seguir informando, tuve que reducir mi visibilidad. En algunas zonas me integré en la comunidad, haciéndome pasar por alguien que buscaba ayuda en lugar de por periodista. Esta es una práctica habitual entre los trabajadores de la Iglesia y los proveedores de servicios sociales en zonas de alto riesgo, donde identificarse abiertamente como periodista puede cerrar el acceso o poner en peligro tanto a las fuentes como a los rescatadores.
"El simple hecho de escuchar puede poner a alguien en peligro": Doreen Ajiambo, corresponsal de GSR, sobre los desafíos de reportear abusos contra las niñas rescatadas por las religiosas de las minas ilegales en Sudáfrica
Varias personas entrevistadas para este reportaje hablaron solo bajo condición de anonimato. Algunas mujeres pidieron que se ocultaran incluso los pequeños detalles que las pudieran identificar, por temor a represalias de los mineros, sus socios o las bandas locales. En los asentamientos vinculados a la minería ilegal, las mujeres describieron cómo el hecho de hablar podía dar lugar a palizas, desalojos o la privación de comida y refugio.
Lo que más me impactó fue lo normalizada que se ha vuelto la explotación.
Se describió cómo chicas de tan solo 14 años llegaban solas a los asentamientos mineros. Las mujeres hablaron de ser tratadas como propiedad, de que se esperaba de ellas que cocinaran, limpiaran y se sometieran sexualmente, no solo a un hombre, sino a veces a varios, como condición para sobrevivir. Se utiliza el término 'matrimonio', pero lo que escuché repetidamente no era matrimonio. Era coacción, dependencia y control.
Igualmente inquietante era cómo el hambre condiciona las decisiones. Una y otra vez, las mujeres y los miembros de la comunidad me decían que la pobreza, y no la cultura o la tradición, es lo que impulsa las uniones precoces y el sexo por supervivencia. La comida, el alquiler y las tasas escolares se convierten en moneda de cambio. La supervivencia se convierte en la moneda de cambio.
Los trabajadores de la Iglesia también se enfrentan a riesgos. Las hermanas y los sacerdotes dijeron que a veces les siguen, les advierten o les dicen que dejen de hacer preguntas. Su trabajo suele realizarse en silencio, sin carteles, publicidad ni protección oficial del Estado. Los refugios y los centros de asesoramiento se mantienen deliberadamente en un segundo plano.
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Este reportaje también tiene un peso moral. Como periodista, estoy entrenada para documentar, verificar y contar historias. Pero en lugares como Emalahleni, la documentación por sí sola no es neutral. El simple hecho de escuchar puede poner a alguien en peligro. Cada entrevista requería un juicio cuidadoso sobre lo que se podía publicar, lo que se debía ocultar y cómo proteger a personas que ya habían perdido tanto control sobre sus vidas.
Lo que más me impactó no fue solo el peligro, sino el silencio.
La minería ilegal, la violencia de género y la explotación infantil son problemas ampliamente conocidos en Sudáfrica. Sin embargo, en los espacios abandonados entre minas cerradas, asentamientos informales y una aplicación débil de la ley, los abusos se vuelven invisibles. Las niñas que desaparecen en estas zonas rara vez aparecen en las estadísticas oficiales. Sus historias solo salen a la luz cuando alguien las acompaña fuera.
Ahí es donde actúan las hermanas católicas y los trabajadores de la Iglesia, en esa brecha entre lo que se sabe y lo que se hace.
Para mí, informar sobre esta historia fue un recordatorio de que el periodismo en estos contextos no se limita a la denuncia. Se trata de responsabilidad: hacia las fuentes, hacia las comunidades y hacia la verdad de que algunos sistemas están fallando de tal manera que les está costando la infancia a los niños.
Los lectores pueden encontrar los detalles perturbadores. A mí también me lo parecieron. Pero lo que más me perturbó fue lo normales que se han vuelto estas historias para las personas que las viven.
Esa normalización del hambre, de la coacción, de la desaparición de las niñas, puede ser la parte más peligrosa de todas.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente en inglés el 16 de febrero de 2026.
