Las hermanas rescatan a las niñas que 'desaparecen' en minas de Sudáfrica

Hoy en día, junto a las minas y centrales eléctricas en funcionamiento, Emalahleni se ha convertido en una puerta de entrada a una economía más oscura, arraigada en pozos abandonados, minería ilegal y violencia. En esos espacios no regulados, las organizaciones criminales controlan el acceso al subsuelo, y las mujeres y los niños suelen ser tratados como prescindibles.

En silencio, y con un riesgo personal cada vez mayor, las religiosas católicas están tratando de sacarlos de allí.

"Encontramos a las niñas cuando ya están destrozadas", afirma la hermana Sophia Phiri, de la Congregación de la Santa Cruz, que dirige un centro comunitario registrado que atiende a niños vulnerables. "Cuando llegan a nosotros, ya han sufrido abusos. Nuestra labor consiste en asegurarnos de que eso no marque el resto de sus vidas", explica.

En colaboración con sacerdotes, terapeutas especializados en traumas y socios locales, las hermanas rescatan a niñas de abusos sexuales, tráfico y relaciones forzadas vinculadas a redes de minería ilegal. Su trabajo se desarrolla en gran medida fuera de la vista del público, en asentamientos informales, clínicas y refugios sin identificar, a menudo sin protección estatal y, en ocasiones, bajo la intimidación tanto de la policía como de grupos criminales.

De motor económico a trampa extractiva

Sudáfrica tiene una de las mayores riquezas minerales del mundo. El oro, el carbón, el platino y los diamantes moldearon su auge industrial y siguen siendo sus principales exportaciones. Ciudades mineras como Emalahleni crecieron alrededor de minas, pozos y centrales eléctricas que daban empleo a miles de personas.

Pero cuando las minas envejecen, cierran o reducen su actividad, el daño no desaparece. Los expertos en derechos humanos y minería estiman que Sudáfrica tiene más de 6000 minas abandonadas y sin propietario en todo el país. Muchas de ellas quedaron sin un cierre o rehabilitación adecuados, lo que ha creado pozos abiertos y túneles subterráneos a los que es fácil volver a entrar.

Esos espacios se han convertido en imanes para los mineros ilegales, conocidos como zama zamas, que extraen el mineral restante y lo venden a través de cadenas de suministro ilícitas. Las mafias armadas imponen su control mediante la violencia y la intimidación, mientras que las comunidades circundantes viven entre el miedo a las bandas y el miedo a las redadas policiales.

La hermana Dominica Mkhize, que trabaja con la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Católica de África Meridional, dijo que los casos que llegan a su oficina reflejan el profundo daño que la minería ha infligido a las familias y comunidades.

"La minería es tanto una bendición como una maldición", dijo Mkhize, miembro de las Hijas de San Francisco de Asís. "Desde el punto de vista económico, proporciona medios de subsistencia. Pero desde el punto de vista social y moral, ha devastado muchas vidas", agregó.

La comisión recibe casos de mujeres jóvenes maltratadas en comunidades mineras, antiguos trabajadores mineros enfermos por condiciones inseguras y familias empujadas a matrimonios precoces por la pobreza, dijo.

"La pobreza es la principal razón por la que las jóvenes se casan con trabajadores mineros", dijo Mkhize y añadió:. "No porque entiendan el matrimonio, sino porque intentan sobrevivir".

Durante sus visitas a las zonas mineras ha visto a jóvenes trabajando sin equipo de protección y a niñas casadas demasiado pronto, que ya tienen hijos. "Te preguntas: ¿qué futuro tienen estas niñas?", manifestó.

Las niñas se ven arrastradas a uniones precoces con mineros, descritas localmente como 'esposas de mineros'. A otras se les promete trabajo, dinero o protección y, en cambio, son violadas, traficadas u obligadas a practicar sexo para sobrevivir. Los niños abandonan la escuela para trabajar bajo tierra, creyendo que los ingresos tempranos son la única forma de escapar del hambre.

"No eliges esta vida", dijo una mujer que se describió a sí misma como esposa de minero, hablando bajo condición de anonimato por motivos de seguridad. "El hambre la elige por ti", afirmó.

"Al principio, él te ayuda", indicó y agregó: "Compra comida. Paga el alquiler. Te dice que estás a salvo. Luego te das cuenta de que le perteneces".

"Si te dice que te acuestes con otro hombre, lo haces. Si te niegas, te golpea o te echa. Por la noche, sin nada, ¿adónde vas?", expresó.

Las niñas de tan solo 14 años llegan solas. "Algunas se van con bebés. Otras se van enfermas. Otras no se van", apuntó.

"La policía viene a hacer redadas, no por nosotras", dijo. "Si hablas, estás acabada".

Hambre y control en los asentamientos mineros de Emalahleni

Un hombre que dijo que trabajaba ilegalmente en pozos abandonados cerca de Emalahleni aceptó hablar de forma anónima y describió cómo las niñas son atraídas a los asentamientos mineros a través de la dependencia más que de la fuerza.

"Sabemos que están pasando apuros", dijo. "Les compras comida, les das dinero, les dices que pueden quedarse. Una vez que dependen de ti, se acaba todo".

Algunos mineros describen este acuerdo como un matrimonio, pero él rechazó esa etiqueta.

"No es un matrimonio", dijo. "Es control".

Thandiwe, de 32 años, vive cerca de las explotaciones mineras de Emalahleni y lleva unos diez años trabajando como limpiadora. Se mudó allí a los 18 años tras seguir a un hombre que le prometió estabilidad. Creía que los trabajos en la minería le ofrecerían una salida a la pobreza. En cambio, se enfrentó al aumento de los costes y a la responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores tras la muerte de sus padres a causa del VIH y el sida.

"Cuando eres pobre, el matrimonio se convierte en una cuestión de supervivencia", dijo, y añadió que denunciar los abusos puede significar perderlo todo y que teme que su hija repita su vida.

Lesedi tenía 17 años cuando se convirtió en la esposa de un minero. Ahora tiene 25 años, vive en Soweto y cría sola a tres hijos. Dejó la escuela y siguió a un hombre a un asentamiento minero, donde, según cuenta, la golpeaba, la obligaba a cocinar para los mineros y la sometían a abusos repetidos.

"Llorábamos todos los días", dijo Lesedi.

Embarazada y sin ningún otro lugar a donde ir, se quedó allí antes de huir más tarde a su pueblo, donde el apoyo era limitado. Su vida cambió después de unirse a una iglesia y conocer a unas hermanas católicas.

"No me preguntaron por qué me quedé", dijo. "Me ayudaron a marcharme".

Con la ayuda de las hermanas, más tarde montó un pequeño salón de belleza.

Informar bajo presión

Mientras informaba en Emalahleni, Global Sisters Report (GSR) viajó con hermanas y sacerdotes católicos a una de las zonas mineras. La policía detuvo el vehículo, interrogó agresivamente a los ocupantes y les advirtió de que podían ser arrestados.

El encuentro puso de relieve los riesgos a los que se enfrentan quienes documentan los abusos en las comunidades mineras, donde el escrutinio de las autoridades y los grupos criminales puede cerrar rápidamente el acceso. Para continuar con su labor informativa, GSR se integró posteriormente en la comunidad, haciéndose pasar por una residente local que buscaba ayuda, una estrategia habitual en zonas donde la visibilidad puede poner fin tanto al trabajo informativo como al de rescate.

Los trabajadores de la Iglesia afirman que la intimidación proviene de múltiples frentes: bandas criminales que protegen los pozos ilegales, miembros de la comunidad que temen represalias y autoridades que consideran las investigaciones como una intromisión.

Sudáfrica ha adoptado estrategias nacionales para combatir la minería ilegal y la violencia de género. Sin embargo, la aplicación de la ley ha encontrado muchas dificultades por la magnitud de las minas abandonadas, las organizaciones criminales, la corrupción y la profunda desconfianza hacia la policía.

Las supervivientes a menudo no denuncian los abusos porque los casos se estancan, las pruebas desaparecen o los autores regresan a la comunidad en libertad bajo fianza. Las redadas severas pueden interrumpir temporalmente la minería ilegal, pero rara vez desmantelan las redes que sustentan la explotación.

El resultado, según los líderes eclesiásticos, es una brecha en la protección.

Entre 2022 y 2024, Phiri afirmó que su centro ayudó a unas 150 supervivientes de violencia de género, proporcionándoles refugio, asesoramiento para superar el trauma y seguimiento a largo plazo.

"No solo recibimos casos", afirmó. "Acompañamos a las víctimas".

El trabajo se coordina a través del Proyecto Emmaus, un enfoque pastoral desarrollado por la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Católica de África Austral, que hace hincapié en el acompañamiento, la escucha y la presencia sostenida.

"Cuando los sistemas fallan, la presencia es importante", dijo el padre Stan Muyebe, director de la comisión. 2Hay que estar donde están las personas heridas".

"Nuestro papel no es sustituir al Estado", dijo Muyebe. "Es negarnos a mirar hacia otro lado".

Para supervivientes como Lesedi, la huida solo fue posible porque alguien intervino.

"Quiero que mis hijos estudien", dijo. "Pero la escuela necesita dinero. La comida necesita dinero. La minería siempre está ahí".

Se detuvo y luego añadió: "Pero al menos ahora, cuando miro a mis hijos, sé que no están bajo tierra".

En Emalahleni, el carbón sigue alimentando las centrales eléctricas del país y la demanda mundial de minerales sigue aumentando. Pero bajo esa riqueza se esconde otro registro, que no se mide en toneladas ni en beneficios, sino en infancias perdidas y vidas limitadas por el hambre y el miedo.

"No rescatamos a todo el mundo", dijo Phiri. "Pero por ese niño que duerme seguro esta noche, ya hay motivos suficientes para seguir adelante".

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en inglés el 16 de febrero de 2026.